¿Violaría los derechos humanos un muro fronterizo entre Estados Unidos de América y México?

Photo by James Whitlow Delano

Estados Unidos ha enfrentado un reto migratorio desde las últimas décadas del siglo pasado, que han obligado a las autoridades a reforzar las fronteras y las políticas de extranjería e inmigración con el paso de los años. Desde la frontera sur han entrado de forma ilegal decenas de miles de personas huyendo de la miseria y duras situaciones que se viven en sus países de origen. Una gran mayoría de estos migrantes son personas trabajadoras con deseos de producir riqueza y utilizarla como medio de construir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, aunque en menor medida, junto a estos, también han entrado personas que se dedican a actividades delictivas. Tristemente, el actual presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, en el marco de sus políticas proteccionistas y aislacionistas, se ha tomado como excusa la existencia de estos pocos malos individuos para mancillar el gentilicio de toda una región de una gran mayoría de personas honradas, lanzando improperios y declaraciones discriminatorias que instan a la xenofobia, y ha prometido la construcción de un muro para impedir la entrada ilegal de personas desde México. La sola mención de un muro fronterizo hace recordar las penurias, vejaciones y violaciones de derechos humanos que se cometieron durante los 28 años de existencia del muro de Berlín. Esto, junto a todo el ambiente tenso creado por Trump en torno al tema de las migraciones y deportaciones, han servido de contexto para que la posibilidad de un muro entre México y Estados Unidos sea un tema muy polémico que ha mantenido ocupada a la opinión pública desde el 2016 hasta ahora.

La realidad es que existen y han existido en diferentes puntos del planeta muros y vallas que dividen fronteras entre países como: entre Macedonia y Grecia, la India y Pakistán, España y Marruecos, Hungría y Croacia, por nombrar algunos. Uno de los temas que levanta más resquemor entre la opinión pública mundial es la posibilidad de que estas divisiones físicas entre naciones vulneren los derechos humanos, y principalmente en torno a esto se ha centrado el debate de rechazo a la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

La declaración universal de derechos humanos tiene 30 artículos en los que se resumen los derechos fundamentales intrínsecos a cada persona sin importar “su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y por más desagradable y contraproducente que la sola idea de la construcción de un muro entre Estados Unidos y México sea, no viola directamente ninguno de los artículos. Sin embargo, la forma en la que Trump a promovido la construcción de este muro ha resultado denigrante y vejatoria y ha ido en contra de una de las consideraciones esenciales de esta declaración, que es “promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones”.

Los Estados tienen el derecho y la obligación de custodiar sus fronteras para garantizar la seguridad de su territorio y de sus ciudadanos; en base a su soberanía territorial determinan regímenes de circulación y residencia de las personas extranjeras y para ello pueden utilizar los medios que consideren pertinentes dentro del respeto a las leyes nacionales e internacionales. La frontera entre Estados Unidos y México es extensa, tiene una longitud aproximada de 3.170 km, de los cuales ya están vallados alrededor de 1.120 kilómetros. En el año 1994, la administración de Bill Clinton comenzó a colocar estructuras para separar a los dos países en el marco del programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como operación “Gatekeeper”. En su momento esta operación también resultó polémica, aunque fue menos mediática, pero ni antes, ni en la evolución que ha tenido esta separación física entre las dos naciones con el paso de los diferentes presidentes hasta ahora, se infringió ninguna ley, ni se vulneró ningún derecho humano.

El artículo 13 de la declaración universal de los derechos humanos es comúnmente malinterpretado, ya que, las referencias a la libre circulación dentro de un Estado no deben tomarse como derecho de cualquier persona a entrar libremente en una nación extranjera, no es el reconocimiento a un derecho a la inmigración individual ni colectiva. Las alusiones de las democracias occidentales a una inmigración abierta y comprensiva con los males que llevan a las personas a salir de sus países de origen no se pueden asociar a un llamado a una inmigración descontrolada, que va en detrimento del mismo migrante y de los nacionales del país de acogida. Un muro fronterizo es solo un intento de ordenar la entrada de extranjeros que en nada transgrede los derechos de refugiados, productos de situaciones extremas que deben ser considerados de forma especial de acuerdo al derecho internacional, pero que estas consideraciones especiales también están atadas a formas y procedimientos ordenados, ni menoscaba el derecho de cada individuo de libertad y de tener aspiraciones de lograr una mejor vida para la familia o para sí mismo en un país que no sea el de nacimiento, dentro de un marco de legalidad.

Si bien cabe afirmar que la construcción de este muro no violaría directamente ninguno de los derechos humanos fundamentales universalmente consagrados, creo que es pertinente acotar que el problema migratorio norteamericano y mexicano es un todo complejo, y el muro no puede tomarse como un elemento aislado, sino que debe analizarse dentro del contexto y estudiar si su construcción y todo lo relativo a como ha sido su promoción por parte del presidente Trump pudieran o no impactar negativamente en otros elementos que si pudieran representar transgresiones injustificables a los derechos fundamentales, como pueden ser el aumento de actividades de las organizaciones delictivas que ofrecen pasar a personas a través de la frontera y que se aprovechan de las necesidades de los migrantes más desesperados ante el incremento en las dificultades del paso fronterizo y que ya vulneran los derechos humanos de los migrantes ilegales. Por otro lado, si pudiera convertirse en una licencia para que autoridades migratorias incurrieran en casos de abuso de poder que pudieran derivar en violación a los derechos.

Se debe tomar en cuenta que se está tratando de dar una solución coyuntural a un problema estructural, y un muro no soluciona las razones por las cuales tantas personas están dispuestas a cruzar ilegalmente la frontera. Es imprescindible que las migraciones sean ordenadas y controladas. Para eso son necesarias políticas migratorias adecuadas, y se debe fortalecer la democracia e incentivar el desarrollo económico de las regiones desde donde salen los migrantes. La emigración ilegal y las actividades delictivas que transcurren entre fronteras deben tratarse en una estrecha cooperación entre países. Tanto el problema de la emigración ilegal como el tráfico de drogas, son problemas que atañen a ambos Estados, y como tales, necesitan de una cooperación más estrecha entre gobiernos y sus estructuras de seguridad e inteligencia, no del aislamiento que está propiciando el presidente Trump. Un mejor enfoque del problema y de las posibles soluciones contribuiría a proteger mejor los derechos fundamentales de todas estas personas que lo que buscan es tener un mejor futuro, a la vez de proteger la soberanía y a los ciudadanos de Estados Unidos y de México.